Esa misma madrugada, también era secuestrado Juan Carlos Galván, trabajador e integrante de la comisión interna de SanCor Planta Córdoba, de su domicilio de José Yofre 50 de Barrio Yofre.

Según las conclusiones contenidas en la sentencia del Tribunal Oral Federal 1° de Córdoba por el juicio conocido como Megacausa La Perla, Juárez, Pache y Galván fueron llevados a instalaciones del Centro Clandestino de Detención (CCD) La Perla, ubicado a la vera de la ruta 20, a la altura de la localidad de Malagueño, sede de actuación de la Tercera Sección, denominada también Grupo de Operaciones Especiales u OP3, que a la fecha se hallaba integrada por: Héctor Pedro Vergéz (oficial jefe hasta el 28/7/76), Jorge Exequiel Acosta (oficial jefe a partir del 28/7/76), Ernesto Guillermo Barreiro (oficial jefe a partir del 28/7/76), Carlos Alberto Vega, Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, José Hugo Herrera, Luis Alberto Cayetano Quijano, Arnoldo José López, Héctor Raúl Romero, Ricardo Alberto Ramón Lardone y Emilio Morard.

Durante el período, no mayor a treinta días, este grupo mantuvo privados clandestinamente de libertad a Juárez, Pache y Galván. Los tres trabajadores fueron torturados física y psíquicamente. En fecha aún no determinada los retiraron de las dependencias de La Perla, vendados, maniatados y amordazados, trasladándolos a las inmediaciones, dentro de los propios predios del Tercer Cuerpo de Ejército, en donde procedieron a asesinarlos, ocultando sus restos que a la fecha no han sido hallados.

Este el frío repaso de los hechos, la lista aún no completa de verdugos, la negra remembranza de la muerte.

Detrás de estos delitos de lesa humanidad, multiplicados por miles desde el 24 de marzo de 1976, con violaciones de todo tipo sistemáticamente consumadas, se esconde la trama del endeudamiento del país, la extranjerización de nuestra economía y la consecuente conformación de un modelo de entrega y sumisión para reducir al sindicalismo y la protesta política y social a su mínima expresión. Así se explica el motivo por el cual el secuestro, la tortura y el asesinato de trabajadores fue un dispositivo de uso prioritario para la última dictadura cívico militar. El objetivo consistía en amedrentar al movimiento obrero, rebajar la participación de los trabajadores asalariados en el producto bruto interno y debilitar sus organizaciones legalmente constituidas. Era la pesadilla de un país para muy pocos donde sufren casi todos, la tragedia de un país endeudado, desindustrializado y sin futuro.

Lejos hoy de aquel terrorismo de estado, somos conscientes de que la democracia que tanta sangre costó a los trabajadores no es un fin en sí mismo ni una mera representación de ejercicios formales, sino más bien el medio idóneo para que los principios republicanos cooperen en el trayecto hacia una sociedad con igualdad de oportunidades y trabajo digno para todos.

Vale recordar entonces las palabras del Secretario General Héctor Luis Ponce, cuando el 24 de marzo de 2018, en el homenaje a los compañeros desaparecidos de la Organización Pedro Antonio Juárez, Juan Carlos Galván, Claudio Humberto Nardini (Comisión Interna Sancor Planta Córdoba, desaparecido el 23/04/1976), Raúl Antonio Cassol (Comisión Interna Sancor Planta Córdoba, desaparecido el 30/03/1976), Oscar José Dominici (Comisión Interna Sancor Planta Córdoba, desaparecido el 01/07/1976), y Pablo Daniel Ortman (Comisión Interna Sancor Planta Córdoba, desaparecido el 10/07/2016), afirmó:

«Es muy importante que sepamos que más allá de estar viviendo en democracia, también existen, dentro del ámbito de la democracia, intereses que tratan de destruir a aquellas instituciones que hacen algo por la gente, como son las organizaciones sindicales, y, por supuesto, como es el caso de Atilra».

Por todo esto no nos olvidamos de nuestros compañeros asesinados y de las dolorosas lecciones de la historia que indican que una democracia sin trabajo digno, con amenazas constantes sobre futuras coerciones a los derechos laborales, nada tiene de república y se acerca riesgosamente a una dictadura.